AYUNTAMIENTOS: AVANZANDO HACIA EL PASADO

AYUNTAMIENTOS: AVANZANDO HACIA EL PASADO

En la política es demasiado habitual el uso de la perversión del lenguaje con el fin de conseguir dar una apariencia aceptable para los ciudadanos de aquellas normas y medidas que generalmente tienden a recortar o limitar sus derechos. El mejor ejemplo lo encontramos en las diferentes denominaciones que a lo largo del actual período constitucional se ha venido dando a las reformas introducidas en el funcionamiento de la Administración Local, y más concretamente en la Municipal.

Atrás quedan aquellos primeros Ayuntamientos elegidos en el año 1979 y que tanto hicieron por mejorar en la calidad de vida de sus vecinos, todo su trabajo y esfuerzo se dio en el mar proceloso del ensayo de fórmulas auténticamente democráticas de funcionamiento de los órganos municipales, especialmente el Pleno y las Comisiones Informativas, junto con una situación penosa tanto en lo económico como en la definición de las auténticas competencias que se deberían asumir por la Administración (en esto todo el mundo coincide) para satisfacer a los ciudadanos y atender a sus problemas diarios.

Pues bien, de aquellos Ayuntamientos a la actualidad mucho se ha legislado, sobre todo a golpe de necesidad económica y de mantenimiento de poder político, con verdadero asentamiento territorial, por parte de los diferentes Gobiernos de la Nación. Leyes de Estabilidad Presupuestaria, que hacían ajustarse el cinturón a esas Administraciones tan próximas obligándolas a que con menos medios atendiesen mayores competencias y ya puestos a buscar nuevos nichos de negocio imponiendo la privatización de servicios públicos que se prestaban de forma eficiente por las propias Administraciones. Leyes para la Modernización de la Administración Pública, que fueron blindando a los Alcaldes frente al control democrático del Pleno Municipal. En fin, recortes económicos y democráticos en nombre de la sacrosanta “estabilidad institucional”, buscando la inmovilidad de quien fuese elegido Alcalde, de ahí la limitación de la posibilidad de moción de censura a los Concejales y la disminución de las competencias del Pleno Municipal.

En una última vuelta de tuerca, ahora nos amenazan con medidas de “regeneración democrática” ante la generalización de corrupción en todos los niveles, no olvidemos que hay expresidentes de Comunidades Autónomas claramente implicados, cuando no ya juzgados y en prisión por corrupción. Pero hete aquí que no es a la raíz de cómo se corrompen los cargos públicos a donde se dirige la regeneración democrática, sino simplemente a la elección directa de los Alcaldes, y la pregunta es ¿elección directa? Nuevamente, perversión del lenguaje. No habrá una elección directa del Alcalde como ocurre en otros países como Francia. La realidad es que será Alcalde quien designe la fuerza más votada en las elecciones municipales, y nadie sabe si va a serlo para los 4 años de legislatura o si se va a poder remover del cargo por medios políticos (moción de censura o cuestión de confianza) o van a tener que ser los jueces quienes asuman las competencias que se deniegan a quienes sí son elegidos por los ciudadanos. Por desgracia, en este país, donde han brotado más abundantemente los casos de corrupción no ha sido en Administraciones donde gobernaban partidos minoritarios a través de pactos, sino donde quien las presidía disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta, que le permitía hacer y deshacer esquivando los cada vez menores controles democráticos al desempeño de su labor política y gestión institucional.

En fin, es triste sospechar que tanta “regeneración democrática” va a terminar otorgando a los Ayuntamientos el papel que desempeñaron en la Dictadura, dar una fachada democrática al Régimen, quien sabe si metidos a profundizar las reformas en el ámbito municipal nos volvamos a encontrar con que el Alcalde sea “democráticamente” elegido por el Gobernador Civil o el Ministro de Gobernación dependiendo, eso sí, del censo electoral.

Frente a ello, deberíamos apostar, y apostamos, por unos Ayuntamientos donde se prime la participación ciudadana y el funcionamiento democrático, elaborando una ley de autonomía local que garantice la financiación y defina las competencias municipales para permitir una gestión independiente y con unos marcados objetivos de mejora de las condiciones sociales, económicas y democráticas de sus ciudadanos, que al fin y al cabo son quienes eligen a los concejales que han de defender sus intereses durante 4 años.

Nota:
Publicado en La Nueva España
Viernes, 22 de agosto de 2014